Dicen que las democracias modernas se construyen en base a la voluntad popular expresada en las urnas periódicamente.
La elección de los y las representantes mediante el voto ha sido, y es, el pilar fundamental de lo que algunas personas han venido en llamar la “fiesta de la democracia”. Nos han tenido en vilo con esta cuestión y hemos temido que nos “aguaran la fiesta”. Sería cansino, si no fuera por la gravedad del asunto: decenas de miles de personas habrían sido excluidas del sistema político.
Se arroparon con la ley de partidos bajo el argumento de que quienes no condenan el terrorismo pierden el derecho a tomar parte en la definición del sistema. Han jugado con los derechos civiles y políticos de las personas, cuando debían ser sus garantes, cerrando y entreabriendo las puertas a su antojo -aquí sí, aquí no; ahora sí, ahora no-. Han alterado mediante argucias el mapa político a su conveniencia. Llevan tiempo diciendo que en estas elecciones no, pero que en las siguientes sí. Y este discurso del “vamos por buen camino” ha sido la excusa inexplicable del anticipo de un nuevo fraude que, afortunadamente, no se ha consumado.
Dicen que en los “papeles de la Organización” estaba Bildu y concluyen, interesadamente, que es la organización armada quien instruye Bildu. Supongamos que, efectivamente, Bildu estaba en los papeles de la Organización, ¿a quién le extraña que estuviera? ¿a alguien le sorprende que la Organización muestre su componente política? ¿no es eso lo que pedimos: que entierre o renuncie a la lucha armada para dar paso definitivo a la “confrontación” de la palabra?. Quienes usurparon la legitimidad democrática a la República mediante las armas, quienes crearon el GAL, quienes están sucios de corrupción… han pretendido eternizar la exclusión, convencidos de que en ese escenario siempre ganan.
El aval expreso de los y las candidatas de Bildu al rechazo, individual y colectivo, a la violencia evidencia que el resultado de las deliberaciones del Tribunal Supremo ha tenido un carácter político y no jurídico; su resolución se ha basado en conjeturas y futuribles, argumentando que el acceso al cargo podría poner al servicio del terrorismo información relevante. Lo más grave, en mi modesta opinión, es el hecho de que el PSOE ha hecho por la vía judicial -políticamente controlada- aquello que por la vía política no se ha atrevido: permitir unas elecciones con todas las propuestas. La sociedad reclama más, y no menos, democracia; y su primera condición debe ser la igualdad en el derecho de ejercer la competencia por el voto: ni ley de partidos ni ETA.
Epi Zurimendi
